Foto: prensa Efrain Torres

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá por estos días pasa por uno de sus escándalos más bochornosos, que se haya dado durante estos últimos 4 años de Gobierno. Preocupante la situación que se presenta por el convenio que había sido pactado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que busca modernizar la línea de emergencias 123.

Para toda la ciudad es preocupante este lleva y trae, entre ambas entidades por la firma de un otrosí al convenio 561 de octubre del 2014. En él se habría acordado garantizar los recursos necesarios para que la línea siga operando y para modernizar la plataforma tecnológica del Número Único de Emergencias (Nuse), que se viene intentando desde hace tres años.


Estamos hablando de una inversión de 250 mil millones de pesos, para lograr repotenciar la central de emergencia de la ciudad, pero resulta que sale el aún Gerente del Fondo de Vigilancia, Fernando Arbeláez, a decir que el convenio que quieren ejecutar carece de especificaciones técnicas y luego salen de la ETB a decir, que el estudio técnico lo hizo el mismo Fondo de Vigilancia y que ahora no entienden el porqué de este reversazo.

Sin embargo, esta mañana en medios de comunicación se reveló que este convenio tiene una denuncia penal desde hace 3 meses, radicada por el subgerente técnico del Fondo, Ricardo Ramírez. ¿Por qué la ETB habla de transparencia en este proceso, si la fiscalía investiga el caso desde hace tanto tiempo?

Yo si quiero dejar aquí claro que no están jugando con cualquier cosa, están jugando con la seguridad de todos los bogotanos. Nadie les está riendo el pleito, qué va a hacer la ciudad sin central de emergencias si no se actúa antes del 22 de agosto. Esto es una muestra clara de la problemática que vive Bogotá, bajo la administración de Gustavo Petro.

Por supuesto cabe resaltar el papel que tienen los entes de control en este caso, dónde está por ejemplo la Veeduría Distrital? Por qué una entidad que le cuenta a la ciudad más de 17 mil 500 millones de pesos al año, no actúa frente a esta crisis. Queremos también que la fiscalía lleve una investigación seria en este caso para que la justicia intervenga, en semejante acto de irresponsabilidad que está cometiendo el Distrito.