Foto: prensa Efraín Torres

Esta semana se cumplen quince años desde que surgió el Plan Colombia: una estrategia económico-militar financiada y apoyada por los últimos Gobiernos estadounidenses. Un plan en el que hasta ahora se han invertido cerca de 10.000 millones de dólares en la lucha contra el mayor flagelo que ha tenido el país: el narcotráfico. 

Hoy cuando precisamente el país pasa nuevamente por un momento coyuntural en el que se acerca la firma de la paz, no se pueden bajar los brazos ante los retos que se avecinan en el camino.

Ante la monumental tarea que implica ejecutar el plan para el posconflicto, es de vital importancia implementar estrategias que impulsen un ataque frontal contra las bandas criminales y el negocio del narcotráfico que sigue vivo y coleando. Es por eso que ante el Congreso de la República, radiqué un proyecto de ley encaminado a combatir estas bandas, pensando en el posconflicto y la tarea que le queda por delante al país.


Es de conocimiento del país que las bandas criminales, se han dedicado a cuidar las antiguas rutas por donde los grupos paramilitares transportaban estupefacientes, como pasa actualmente en el pacífico colombiano y la frontera con Panamá, pero además de eso también han desplazado su accionar a la ciudades donde actualmente patrocinan grupos delincuenciales más pequeños, a través de la venta de sustancias alucinógenas. Un fenómeno conocido como “microtráfico”.

Las Bacrim tienen estructuras complejas financiadas por las actividades ilícitas y disponen de armamentos sofisticados o armamento pesado, logrando capacidad de intimidación y extorsión en cualquier lugar donde hagan presencia. Por eso este proyecto pretende darle la facultad a las Fuerzas Armadas para que intervenga en las ciudades, procurando poner freno a las estructuras criminales que hoy azotan las principales urbes del país.

Precisamente el Departamento Nacional de Estadística (DANE), constata en su estudio de seguridad y convivencia publicado en 2015, que “Las tasas de denuncia de (...) extorsión o intento de extorsión fueron las más altas con 31,8 %”. Allí se manifiesta el fenómeno delincuencial que viven las ciudades, porque aunque el robo de un celular o el “gota a gota” que realiza una extorción parezcan fenómenos aislados, en realidad están alimentando con otras modalidades una poderosa red delincuencial.

De acuerdo con el momento que vive el Estado frente a la lucha contra ‘Bacrim’, algunas entidades como la Fiscalía han asumido el reto que suponen estos grupos y han tomado medidas que en parte permiten a la fuerza pública atacarlos con todas las herramientas posibles. El Fiscal General de la Nación firmó una directriz (N° 003) que empodera a las Fuerzas para que combata a las bandas criminales -con más de tres mil militantes en sus filas- dentro del marco normativo del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para minimizar riesgos jurídicos y evitar excesos en las operaciones que puedan ser ejecutadas. Allí se incluye al Clan Úsuga (Pacífico), los reductos del EPL (Catatumbo) y las llamadas ERPAC (llanos orientales).

bacrim 3
La directriz de la Fiscalía por ejemplo contempla una similitud con el proyecto de ley: establece qué tipo de estructuras deben ser atacadas, en el caso del proyecto implica que sólo se llevarán a cabo operaciones que involucren a un grupo con estructura de mando y con características como el armamento pesado.

Sin embargo, entre el proyecto y la directriz, se observan diferencias e incluso falencias que deberían corregirse. Por ejemplo esta directriz no autoriza al ejército -que podría ser un apoyo fundamental para la policía- para ejecutar acciones contra las bandas criminales que hoy se concentran con un alto poderío en las periferias de las ciudades e incluso dentro de las mismas.

Apuntando en la misma dirección, recientemente desde el Gobierno Nacional anunciaron la creación de un bloque de búsqueda cuyo objetivo principal es capturar a, Dairo Antonio Úsuga, más conocido como “Otoniel”. Esto con el fin de frenar uno de los carteles que mayor traslado de cocaína hace a los carteles mexicanos y que ha convertido al occidente del país en una zona de guerra. Aunque estas acciones van por buen camino y tienen el mismo objetivo del proyecto de ley recientemente radicado, no establece el compromiso y el peso que sólo a través de una ley se le puede dar a esta tarea.

Es por eso que hoy más que nunca el país debe apuntar de manera unánime en una sola dirección. No sólo la lucha está en las zonas apartadas el país, también la lucha debe concentrarse en las ciudades donde se pueden conformar unidades especiales (policía-ejército) para lograr mayores resultados frente a las estructuras criminales. Cabe aclarar que aunque hoy los mandatarios locales podrían hacer uso del Ejército para garantizar el orden público en las periferias de las ciudades, esto no se encuentra reglamentado, ni establece un protocolo de acción.

En la actualidad, desde el Ministerio de Justicia e incluso en la ONU, han advertido que en el país ha aumentado la producción de coca y no se puede negar que las Bacrim han sido factor fundamental en el crecimiento de esta penosa estadística. Es por eso que quiero recordarle al Gobierno nacional, que la tarea aún no está hecha y que se tienen que enfocar muy bien las políticas que se aplicarán, teniendo en cuenta los cerca de ocho mil desmovilizados que podrían tener las Farc al firmarse la paz y que un porcentaje podría terminar por engrosar las filas de estas organizaciones.

En ese sentido hay que ser precavidos con lo que se avecina para el país, en términos de desmovilización de las Farc y las políticas que se ejecutarán para frenar las organizaciones que resucitaron luego de la desmovilización de los grupos paramilitares con un nuevo poderío militar, teniendo también como atenuante los 15 años de inversión del Gobierno norteamericano. Es por eso que hay que decirle al Gobierno Santos: ¡Ojo con el muerto viviente!